Se estima que, a lo largo del tiempo, habrían matado a unos 40 yaguaretés, además de decenas de ejemplares de otras especies; hay tres prófugos.

raíz de una nota publicada en LA NACIÓN, fue recientemente desarchivada una causa que había comenzado en 2018 vinculada a cotos ilegales de caza en distintos lugares del país. Debido al aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras que impuso la pandemia de Covid-19, la actividad judicial se suspendió forzosamente. Así, en 2022 se pidió el archivo provisorio del expediente hasta que hubiese nueva información. Eso sucedió en enero pasado, cuando a partir del mencionado artículo periodístico y de dos denuncias presentadas en la Subsecretaría de Ambiente de la Nación por dos ONG, la causa volvió a abrirse.

“Cuando leímos esa nota, decidimos volver a abrir la causa y seguir con la investigación”, señaló el fiscal auxiliar de la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora, Juan Pablo Arci. De esta manera, el lunes pasado, por orden de la Fiscalía, la Policía Federal y la Brigada Ambiental dependiente de la Subsecretaría de Ambiente –y con intervención del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora– realizaron 14 allanamientos en diferentes cotos de caza no autorizados, domicilios, depósitos y oficinas situados en Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires y la Capital.

Se ordenó detener a siete personas: Jorge Néstor Noya, Federico Manuel Testa, Guillermo Funes, Marcelo Alejandro Araujo, Leonardo Martín Destefani Villafañe, Federico Gustavo Oliva y Carlos Pablo Escontrela. Estos últimos tres permanecen prófugos. Ayer, los acusados fueron indagados y se les imputó como coautores del delito de depredación de fauna silvestre, agravado por haberse cometido de modo organizado, con el concurso de más de tres personas, y con armas y medios prohibidos, así como de la provisión ilegal de armas de fuego, agravado por resultar una actividad habitual.

Así, por primera vez en la historia judicial argentina, se hizo detenciones por caza ilegal de animales, provisión de armas sin autorización a los clientes extranjeros de los cotos de caza y exportación de trofeos con certificados falsos. 

La ley N°22.421 ampara a todos los animales silvestres autóctonos o exóticos, con lo cual resultan inexplicables las fotografías en las que Noya, junto a sus clientes, aparece al lado del cadáver o cadáveres de animales en peligro de extinción o cuya caza está prohibida. En esas imágenes, se pueden contabilizar al menos cuarenta cuerpos de diferentes yaguaretés. Algunos de ellos pudieron haber sido capturados en Paraguay, Bolivia o Brasil, donde también está prohibida su cacería.

La Argentina es considerada uno de los destinos más atractivos mundialmente para la cacería de animales salvajes. Ingresan al menos 20.000 cazadores por año. De acuerdo con la ley N°22.421, cada provincia decide qué y cuántos animales podrán ser abatidos, así como las condiciones en las que esto se hará. Los cotos de caza ofrecen alojamiento y distintos tipos de cacerías. Se llegan a pagar fortunas por cada trofeo: cuanto más raro, más difícil de ver o más escaso, mejor y más valioso. Lo mismo vale para cualquier destino en el mundo.

Los permisos se renuevan año a año y los responsables de otorgarlos son las autoridades de Fauna de cada provincia. En todo nuestro territorio se prohibió la caza de animales autóctonos: en particular, la cacería del yaguareté –el felino más grande de América, del que se calcula que quedan en libertad solo 250–, que no está autorizada desde 1984, sin excepciones.

El operativo que concluyó con las seis detenciones fue impulsada por la Fiscalía Federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general adjunto Sergio Mola, en conjunto con el departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina y la Brigada de Control Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Ana Lamas, y con la intervención del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, bajo el mando de Ernesto Kreplak.

Cabe esperar que durante las declaraciones y la investigación, al margen de la detención de quien aún esta prófugo, se sepa en connivencia con quién o quiénes fue posible perdurar con un negocio ilícito, con matanzas, tenencia de armas y exportaciones ilegales a lo largo del tiempo.