Las pérdidas se miden no sólo por la afectación al ecosistema sino por las divisas que dejan de ingresar.

La pesca es una de las actividades económicas más importantes de la Argentina, representa hasta el 0,4 del PIB generando más de 25 mil puestos de trabajo directos. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron los 2.148 millones de dólares estadounidenses en 2018, y se mantienen en cifras cercanas a los 2.000 millones.

Las especies capturadas más relevantes son el calamar, la merluza común y el langostino patagónico. La Unión Europea y los Estados Unidos se encuentran entre los principales mercados de destino.

En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sudoccidental ha generado una creciente preocupación en toda la sociedad. Durante la temporada alta las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina suman más de 500, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal, generando un daño ambiental sin precedentes y graves pérdidas para el país.

Estas pérdidas se miden no sólo en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicas, por las divisas que dejan de ingresar a la Argentina y por el impacto sobre los recursos que son aprovechados por la industria nacional.

Debido a los subsidios económicos que benefician a estas flotas, pero también a la mano de obra esclava, a la descarga en barcos nodriza o ‘reefers’ y en puertos sin controles ni trazabilidad, sus costos de operación son tan bajos que influyen artificialmente en los precios de mercado internacional, afectando a la economía de los países que cumplen con regulaciones y controles.

Los sistemas de trazabilidad están adquiriendo cada vez más relevancia a nivel global en cada vez más industrias, impulsados por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando. En la pesca implican la capacidad de rastrear y verificar la información sobre el origen y el trayecto de los productos, y como atraviesan la cadena de suministro: qué, quién, cómo y dónde lo pesca, procesa y transporta.

La trazabilidad permite garantizar una alimentación segura, al mismo tiempo que la veracidad y confiabilidad de la información brindada permite la explotación de los recursos pesqueros en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles.

Así, los sistemas de trazabilidad son una herramienta clave para combatir las pesquerías no reguladas si consideramos que, en gran parte de altamar es casi imposible controlar que los buques pesquen respetando normas y estándares mínimos.

Por ello, y al mismo tiempo, estos sistemas permiten generar un valor agregado a la industria que brinda información, garantizando un mejor posicionamiento en los mercados para quienes apuestan a la mayor transparencia. Que la pesca nacional cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales contra la pesca furtiva.

En la Cámara de Diputados de la Nación existen dos proyectos de ley presentados por los diputados Carlos Américo Selva (FdT) y Gustavo Menna (JxC) que impulsan la creación de un Sistema de Trazabilidad en la Pesca a Nivel Nacional y que coinciden en la mayoría de los puntos esenciales.

Es importante que los legisladores nacionales avancen en su tratamiento y sanción para que el Estado argentino cuente con un importante instrumento para combatir la pesca ilegal y no regulada, garantizar la sustentabilidad y el desarrollo económico local, mantener el acceso a los mercados más exigentes y rentables, y conservar el Mar Argentino y el Atlántico Sur.

Fuente: Milko Schvartzman & María Eugenia Testa - Clarín.com